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La pensión o prestación compensatoria y la compensación económica en la separación o divorcio

La compensación económica por razón de trabajo, regulada en el artículo 232-5 del Codi Civil de Catalunya, tiene lugar cuando uno de los cónyuges ha trabajado para la casa o para el otro cónyuge, sin retribución o siendo ésta insuficiente, y siempre que esta situación comporte una desigualdad entre los patrimonios de ambos que implique a su vez un enriquecimiento injusto.

Para determinar la cuantía de la compensación económica se ha de tener en cuenta la duración y la intensidad de la dedicación, y en caso de haber trabajado para la casa, si ha cuidado de los hijos u otros miembros de la familia que hayan convivido con los cónyuges.

La pensión o prestación compensatoria prevista en el artículo 233-14 del Codi Civil de Catalunya, nace cuando uno de los cónyuges ve perjudicada la situación económica, el nivel de vida o status del que disfrutaba durante el matrimonio y que se produce con el divorcio o separación judicial.

La indemnización compensatoria en manera alguna puede confundirse con la pensión compensatoria que prevé el art. 233-14 del Codi Civil de Catalunya. La primera es un elemento corrector para salvar la desigualdad patrimonial entre los cónyuges que pueda producirse al disolverse el régimen económico matrimonial de separación de bienes por sentencia de separación judicial, nulidad o divorcio, dado que aquel régimen no supone comunicación alguna entre las masas patrimoniales de uno y otro cónyuge. Es en definitiva, una norma de liquidación de bienes en casos de crisis del matrimonio, una institución propia y peculiar del régimen de separación de bienes que rige en Cataluña.

La pensión o prestación compensatoria, en cambio, está regulada en el Capítulo III del Título III del Libro II del Codi Civil de Catalunya, dedicado a “los efectos de la nulidad del matrimonio, del divorcio y de la separación judicial”, y tiene su núcleo en la debilitación económica que puede sufrir uno de los cónyuges a consecuencia de la disolución matrimonial respecto a la situación o status que mantenía constante el matrimonio.

Esta pensión compensatoria puede ser temporal o vitalicia y se regirá, en primer lugar, por lo que pacten los cónyuges en el Convenio Regulador o en los capítulos matrimoniales, si hubiesen. En caso de desacuerdo, será el Juez quien fijará la cuantía y la duración de la prestación compensatoria, valorando la posición económica de los cónyuges, la realización de tareas familiares, edad y estado de salud, los años de convivencia, la fijación de pensión de alimentos a favor de los hijos y los nuevos gastos familiares del cónyuge que resulte obligado al pago de la prestación.


  • La seguridad en el tratamiento de datos de carácter personal

    El pasado 25 de mayo entró en vigor el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGDP), una normativa europea que obliga a empresas, autónomos y asociaciones a adaptarse en materia de recopilación, uso, divulgación, retención y protección de datos de carácter personal.

    El RGDP introduce importantes novedades respecto al régimen actual y establece nuevas obligaciones, siendo éstas más estrictas cuanto mayor sea el riesgo para datos personales.

    Una de las nuevas obligaciones para los encargados del tratamiento de datos de carácter personal es la evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de los datos personales. El Reglamento exige efectuar dicha evaluación y, según el caso, adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos del Reglamento. Dichas medidas a implementar pueden consistir, por ejemplo, el reducir al máximo el tratamiento de datos personales, seudonimizar y cifrar los datos personales, dar transparencia a las funciones y al tratamiento de datos personales, permitir la supervisión del tratamiento de datos a los interesados, etcétera.

    Nuestro despacho profesional, a través de la marca COMandLEGAL, tiene una dilatada experiencia en materia de cumplimiento normativo e implementación de políticas de prevención. Para la completa protección y adaptación al Reglamento de Protección de Datos de carácter personal, hacemos las siguientes funciones:

    1. Análisis de la actividad, inventario y análisis de los datos de la empresa, profesional, autónomo o asociación.
    2. Evaluación de las medidas de seguridad existentes.
    3. Elaboración del registro de actividades de tratamiento.
    4. Realización de un análisis de riesgo.
    5. Medidas de Seguridad a implantar a la luz del análisis de riesgos.
    6. Formularios, contratos, cláusulas (ARCO, outsourcing, etc)
    7. Mecanismos y procedimientos de notificación de las quiebras de seguridad.
    8. En su caso, realización de una evaluación de impacto en la protección de datos.
    9. Elaboración/adaptación de la política de privacidad.

     


  • El Fondo de Garantía del Pago de Alimentos

    Una de las cuestiones más conflictivas tras la crisis familiar es el impago de las pensiones de alimentos.

    Para proceder a la reclamación de las pensiones de alimentos debe instarse un procedimiento de ejecución de la Sentencia de separación o divorcio que estableció el pago de éstas. Sin embargo, muchas veces estos procedimientos resultan infructuosos, bien porque el obligado no paga o porque carece de bienes embargables (insolvente).

    Para estos supuestos, y siempre que se cumplan los requisitos a que haré referencia más adelante, el Estado adelanta el pago las pensiones de alimentos a través del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, que viene regulado a través del Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre.

    Para poder acceder a los anticipos del Fondo de Garantía, debe acreditarse la existencia de una Sentencia de separación o divorcio, y que pese a reclamar las pensiones de alimentos judicialmente, no se ha obtenido ni el cobro de los alimentos ni el embargo de bienes del obligado a su pago.

    Pueden beneficiarse de los anticipos del Fondo los menores de edad (y mayores de edad con un grado de discapacidad igual o superior al 65 %), siempre y cuando los ingresos económicos de la unidad familiar donde se integra el menor de edad no supere una determinada cantidad resultante de multiplicar la cuantía anual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) por el coeficiente que corresponda en función del número de hijos menores que integren la unidad familiar. Dicho coeficiente será 1,5 si sólo hubiera un hijo, y se incrementará en 0, 25 por cada hijo más. El IPREM es un índice empleado en España para la concesión de ayudas, subvenciones o subsidio de desempleo.

    La cantidad que puede percibirse en concepto de anticipos es de CIEN EUROS mensuales por cada menor beneficiario de la pensión de alimentos y durante un periodo de 18 mensualidades y recibirá dicha cantidad quien tenga a atribuida la guarda y custodia del menor.

     


  • Protección de Datos

    El pasado 25 de mayo entró en vigor el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGDP), una normativa europea que obliga a empresas, autónomos y asociaciones a adaptarse en materia de recopilación, uso, divulgación, retención y protección de datos de carácter personal.

    El RGDP introduce importantes novedades respecto al régimen actual y establece nuevas obligaciones, siendo éstas más estrictas cuanto mayor sea el riesgo para datos personales. Las novedades abordan cuestiones como el consentimiento, nuevos derechos para el titular de los datos, el principio de responsabilidad proactiva, la evaluación de riesgos e impacto, el registro de tratamiento de datos y la implementación y aplicación de medidas de seguridad.

    La necesidad y obligatoriedad de adaptarse a la nueva normativa, de llevar un registro de tratamiento de datos, de evaluar riesgos e implementar medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar y poder demostrar que el tratamiento de datos es conforme con el Reglamento, y las sanciones previstas en el Reglamento hacen recomendable encomendar la tarea de implementación o adaptación a la nueva normativa en materia de protección de datos a un equipo legal.

    Nuestro despacho profesional tiene una dilatada experiencia en materia de cumplimiento normativo e implementación de políticas de prevención. Para la completa protección y adaptación al Reglamento de Protección de Datos de carácter personal, hacemos las siguientes funciones:

    1. Análisis de la actividad, inventario y análisis de los datos de la empresa o asociación.
    2. Evaluación de las medidas de seguridad existentes.
    3. Elaboración del registro de actividades de tratamiento.
    4. Realización de un análisis de riesgo.
    5. Medidas de Seguridad a implantar a la luz del análisis de riesgos.
    6. Formularios, contratos, cláusulas (ARCO, outsourcing, etc)
    7. Mecanismos y procedimientos de notificación de las quiebras de seguridad.
    8. En su caso, realización de una evaluación de impacto en la protección de datos.
    9. Elaboración/adaptación de la política de privacidad.

  • El impago de la pensión de alimentos

    Una de las cuestiones más conflictivas tras la crisis familiar es el impago de las pensiones de alimentos. Y, sin duda, es importante tener en cuenta los plazos con los que jugamos en la reclamación del impago, pues el previsto por el Derecho Civil Catalán es de tres años (art. 121-21), mientras que en los casos en los que es de aplicación el Derecho común el plazo es de cinco años (art. 1.966 CC).

    Para proceder a la reclamación de las pensiones de alimentos debe instarse un procedimiento de ejecución de la Sentencia de separación o divorcio que estableció como consecuencia derivada el pago de una pensión de alimentos.

    En los casos de ejecución de la Sentencia de separación o divorcio, los Tribunales admiten como causa de oposición la prescripción del derecho fundamentándolo en el hecho de que “La prescripción de la acción como motivo de oposición es oponible en la ejecución de títulos judiciales al estar amparada en un precepto sustantivo, art. 121-21 CCCat“.

    Por otro lado, la prescripción no solo es apreciable en los casos de impago de la prestación alimenticia propiamente dicha, sino que también puede apreciarse respecto a las cantidades por las actualizaciones de las pensiones y, por supuesto, respecto a los gastos por actividades extra escolares y gastos extraordinarios.

    Existe otra diferencia entre la regulación del Código Civil Catalán y el Código Civil respecto a los supuestos de suspensión del plazo de prescripción. Se pretende, en definitiva, evitar que el titular del derecho a la pensión de alimentos que no ha podido interrumpir el plazo de prescripción, ya sea por motivos ajenos a él o por motivos personales o familiares.

    Hasta ahora solo se habían tenido en cuenta como causas de suspensión los casos de guerra o grave crisis social. Ahora se incluyen también circunstancias subjetivas derivadas de razones personales o familiares. Esas causas vienen recogidas en el art. 121-15, las referidas a razones personales o familiares en el art. 121-16; y las relativas a la mediación en el art. 121-18.

    En cualquier caso, y a fin de evitar que la acción de reclamación de las pensiones de alimentos prescriban, resultará sumamente útil enviar periódicamente una reclamación fehaciente al obligado al pago.


  • La actio communi dividundo

    La acción de división de la cosa común, es una facultad que se integra en el derecho de propiedad, cuando éste tiene pluralidad de sujetos. La idea es que nadie puede ser forzado a mantenerse en una situación de copropiedad. Por ejemplo, compartir la propiedad de una vivienda.

    Esta facultad se encuentra reconocida en el Código Civil de Cataluña en el artículo 552-10 cuando indica en su número primero que cualquier cotitular puede exigir, en cualquier momento y sin expresar sus motivos, la división del objeto de la comunidad. A su vez, el artículo 552-11, 1º afirma que cualquiera de los cotitulares, si no se ponen de acuerdo para dividir la comunidad puede instar a la autoridad judicial para que efectúe la división.

    En cuanto a la forma de proceder a la división del patrimonio común y en especial cuando se trate de un bien inmueble indivisible, el ordenamiento jurídico catalán contiene en las normas del artículo 552-11, 5 una regulación más moderna y adaptada a la realidad, siendo la subasta pública la última de las alternativas. Dicho precepto legal establece unos criterios escalonados, siendo de aplicación preferente el mayor interés en la adjudicación, la mayor participación en la copropiedad o el sorteo entre los copropietarios, contemplando la venta a terceros y reparto del precio a modo de norma de cierre después de las otras opciones legales.

    Dicha venta a terceros, además, no ha de producirse inexcusablemente a través de subasta pública, ya que no lo impone así el artículo 552-11 5 del Código Civil de Cataluña, siendo por lo tanto factible y más beneficioso para los copropietarios la venta en el mercado libre y a través de un agente especializado en la venta de bienes inmuebles, sin sujeción a las normas de la subasta pública.


  • Hipotecas con índice IRPH

    Más de un millón de familias españolas están afectadas por préstamos hipotecarios que establecían como índice de interés variable el IRPH CAJAS (tipo medios de los préstamos hipotecarios de Cajas de Ahorro).

    El Tribunal Supremo, mediante Sentencia 669/2017, de 14 de diciembre del Pleno de la Sala Primera, consideró que la cláusula inserta en un préstamo con un interés variable, referenciado al índice IRPH, no implicaba falta de transparencia ni abusividad. El Tribunal Supremo entendía que al tratarse de un índice oficial utilizado por diversas entidades financieras, resultaba fácilmente accesible para un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, de manera que éste podía conocer que en España se utilizan diferentes sistemas de cálculo del interés variable y comparar las condiciones utilizadas por los distintos prestamistas para así elegir la más adecuada para sus intereses.

    Este criterio es el que se sigue actualmente en el Juzgado de Barcelona especializado en materia de cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios.

    Frente a este planteamiento, los votos discrepantes, en la propia Sentencia 669/2017, sostienen que el índice de referencia IRPH, tanto a tenor de su fórmula aritmética de cálculo, como por su peculiar configuración, presenta una complejidad de comprensión para el consumidor medio que lleva a que resulte imprescindible la realización de un control de transparencia, y, por tanto, de las exigencias derivadas para el profesional de facilitar, activamente, una información adecuada y comprensible de su aplicación y funcionamiento en el contrato de préstamo ofertado.

    Recientemente el Juzgado de 1ª Instancia nº 38 de Barcelona, desoyendo el criterio marcado por el Tribunal Supremo, ha planteado diversas cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la vía de urgencia. El Juzgado nº 38 de Barcelona entiende que surgen dudas en cuanto a qué debe ser objeto de información a los efectos de cumplimentar correctamente lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE; sobre si se debe informar al consumidor de los hechos o datos necesarios para comprender las consecuencias derivadas de elegir su préstamo referenciado al IRPH.

    Así pues, deberemos seguir con atención la resolución de estas cuestiones prejudiciales que pueden llevar a una declaración de nulidad del IRPH cajas, con las consecuencias beneficiosas que se derivarían de ello para los consumidores.


  • El Contrato de Comodato

    El contrato de comodato (llamado también préstamo de uso) es aquel por el que una parte (el comodante) se obliga a entregar a la otra (el comodatario) una cosa para que esta última la use, de forma gratuita, por cierto tiempo y, transcurrido éste, se la devuelva.

    El comodatario puede usar la cosa pero sin percibir los frutos (puede usar una vivienda, pero no arrendarla) y tiene como principal obligación conservar la cosa y devolverla finalizado el plazo estipulado.

    El comodatario conserva la propiedad de la cosa. Puede recuperarla en caso de urgencia o necesidad y debe abonar los gastos extraordinarios.

    Hay muchos ejemplos típicos de comodato: la cesión de objetos de colección para exhibiciones, la cesión de vehículos de cortesía por parte de concesionarios o talleres o, el que puede resultar más interesante, la cesión de un local comercial para la explotación de un negocio concreto o de una vivienda para un uso concreto y determinado (por ej. vivienda familiar).

    Son tres las notas características de este tipo de contrato:

    1.- La transmisión del uso. Por el contrato de comodato sólo se transmite el uso de la cosa, conservando el comodante la propiedad de la misma.

    2.- La gratuidad. Este tipo de contrato es esencialmente gratuito. Es un contrato que generalmente se otorga en el ámbito de las relaciones de parentesco o amistad. Si fuera remunerado, ya no estaríamos ante un contrato de comodato, sino normalmente de arrendamiento.

    3.- La temporalidad. Se trata de un contrato de duración determinada.

    Una figura afín al comodato es el precario, si bien la diferencia esencial es el origen contractual del primero. Es decir, el comodato debe constituirse mediante un contrato. No así el precario.

    Un ejemplo práctico son los casos en que se ha cedido una vivienda a título gratuito y sin limitación temporal a un hijo, para su uso como hogar conyugal o familiar, sin mediar contrato alguno. Cuando posteriormente el vinculo conyugal se rompe (separación o divorcio) y se atribuye el uso y disfrute de la vivienda a uno de los cónyuges mediante resolución judicial, la situación del cónyuge que tiene atribuido el uso y disfrute de la vivienda es la propia de un precarista. En consecuencia, el tercero propietario puede reivindicar y recuperar la posesión de la vivienda.


  • El delito de impago de pensiones alimenticias

    El Código Penal, a través del artículo 227.1, recoge el tipo delictivo por impago de las pensiones alimenticias, dentro de los Delitos contra los Derechos y Deberes Familiares, estableciendo que será condenado a penas de prisión o multa quien dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica a favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en Convenio Regulador judicialmente aprobado o Sentencia, en supuestos de separación legal, divorcio, nulidad del matrimonio, proceso de filiación o de alimentos a favor de hijo.

    Este delito es uno de los que más ha crecido en las estadísticas judiciales. Sin duda la grave crisis económica ha supuesto un considerable incremento de las denuncias por delito de impago de pensiones de alimentos.

    Pero no todo impago de la pensión de alimentos puede ser considerado delito. Deben darse una serie de elementos típicos que definen este delito y que se detallan a continuación:

    1º.- La existencia de una resolución judicial o convenio regulador aprobado judicialmente que establezca la obligación de pago de una prestación económica a favor del cónyuge o de los hijos.

    2º.- El incumplimiento del pago de la prestación económica durante los plazos específicos que recoge el artículo 227.1 del Código Penal, esto es, durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos.

    3º.- La posibilidad del obligado al pago de poder cumplir la misma.

    4º.- Que el obligado al pago tenga conocimiento de la resolución judicial y que tenga voluntad de no querer cumplir su obligación de pago pese a tener capacidad para ello.

    Respecto a los pagos parciales, o cumplimiento parcial de la obligación de pago, no supone en sí mismo un hecho delictivo, si bien deberá valorarse el supuesto concreto y verificar qué cantidades se ha abonado y la capacidad económica del obligado.

    Nos encontramos, pues, ante un delito de los llamados de omisión propio del obligado al pago, constituyendo un delito de abandono de familia. La intención de esta norma jurídica no es otra que evitar el incumplimiento reiterado y voluntario del obligado al pago, adoptando una especial protección a los hijos menores.


  • Las Hipotecas Multidivisas

    En Tribunal Supremo, mediante la reciente Sentencia 608/2017, de 15 de noviembre, ha declarado la nulidad parcial de una hipoteca multidivisa. En este caso en particular, un préstamo comercializado por Barclays (ahora Caixa Bank).

    Este tipo de hipotecas se comercializaron, sobretodo, justo antes de la crisis financiera como una alternativa muy ventajosa al resto de préstamos hipotecarios. Constituían, sin embargo, un tipo de préstamo de alta complejidad, y en la mayoría de los casos, los prestatarios desconocían la trascendencia económica que conllevaría concertar una hipoteca en yenes o francos suizos (las más habituales).

    En definitiva, la entidad bancaria no facilitó al consumidor la información suficiente para que comprendieran el alcance y las consecuencias de este tipo de préstamo. No explicó adecuadamente la naturaleza de los riesgos asociados al préstamo en divisas.

    La realidad es que esas divisas se apreciaron significativamente durante la crisis y provocó que no sólo las cuotas se incrementaron, así como los gastos derivados, sino que la equivalencia en euros del capital pendiente de amortizar aumentó en lugar de disminuir a medida que iban pagando las cuotas periódicas, lo que resulto gravemente perjudicial para el prestatario, llegando a situaciones en las que el prestatario, pese al transcurso y pago de las cuotas durante años, adeudaba un capital en euros mayor que el que fue solicitado.

    El Tribunal Supremo, que recoge la doctrina establecida por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, mediante Sentencia de 20.9.2017, considera que al comercializar este tipo de préstamos se incumplió el control de transparencia que establece la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, así como la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, declarando nula la cláusula y eliminando las referencias a la denominación en divisas del préstamo, quedando como un crédito concedido en euros y amortizado en euros.

    Barclays, ahora en manos de Caixa Bank, Bankinter y Popular fueron algunas de las entidades que más comercializaron este tipo de productos, según la Asociación de Usuarios Bancarios (Asufin), causando fuertes perdidas a unos 70.000 consumidores en España.

    Sin duda, este nuevo varapalo judicial a las hipotecas multidivisas provocará un nuevo alud de demandas de los consumidores amparados por la legislación europea y la referida Sentencia del Tribunal Supremo.