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El delito de cohecho

El delito de cohecho forma parte de los llamados “Delitos contra la administración pública”. El bien jurídico protegido es el correcto funcionamiento de la administración pública, la objetividad que debe presidir la administración pública, castigándose tanto al particular que corrompe o pretende corromper como a la autoridad o funcionario que se han corrompido o muestran una inclinación a ello.

Se trata de evitar que los funcionarios públicos realicen actos de su competencia que sean constitutivos de delito o sean injustos, o que se abstengan de actuar cuando la Ley les ordena actuar, siempre que dichas conductas u omisiones tengan por causa la corrupción.

Puede definirse el cohecho como la solicitud o recepción, en provecho propio o de un tercero, de dádivas, presentes u ofrecimientos, realizada por una autoridad, funcionario público, jurado, árbitro, perito o cualesquiera otras personas que participen en el ejercicio de funciones públicas, con el objeto de realizar un injusto relativo al ejercicio de su cargo, pudiendo ser éste constitutivo o no de delito e incluso no prohibido legalmente.

Tradicionalmente, la doctrina y jurisprudencia españolas defendieron el carácter bilateral del delito de cohecho, al considerar necesario, para la comisión del delito, el acuerdo entre quien hace el ofrecimiento y quien recibe la dádiva. Sin embargo, actualmente consideran que no es necesario pacto para apreciarlo.

La doctrina suele clasificar este tipo delictivo en cohecho pasivo y cohecho activo, según se entienda desde el punto de vista del funcionario que acepta o solicita una promesa o dádiva para realizar un acto relativo a su cargo (cohecho pasivo) o desde el punto de vista del particular que corrompe al funcionario con sus ofrecimientos y dádivas (cohecho activo).

El cohecho pasivo, a su vez, puede clasificarse en cohecho propio y cohecho impropio. En cohecho propio engloba aquellos comportamientos en los que la ventaja solicitada, recibida u ofrecida resulta ser la contrapartida de un acto ilícito, contrario a los deberes inherentes al cargo. El cohecho pasivo llamado impropio se caracteriza por un acto propio del cargo no ilícito, es decir, conforme a los deberes del cargo. No se castiga ninguna ilegalidad respecto de los actos administrativos relacionados con el cargo o su función, pues se consuma el delito de cohecho pasivo impropio cuando el funcionario solicite o reciba dádiva, favor o retribución de cualquier clase, o acepte ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo, o cuando la dádiva, favor o retribución se reciba o solicite por el funcionario, como recompensa o cuando el funcionario admita dádiva o regalo de tercero ofrecida en consideración a su cargo o función.

 


  • Cultivo y posesión de marihuana o hachís

    El Código Penal, en su artículo 368, dispone que:

    “Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a las señaladas en atención a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable. No se podrá hacer uso de esta facultad si concurriere alguna de las circunstancias a que se hace referencia en los artículos 369 bis y 370 (organización delictiva)”

    Son modalidades del delito básico:

    – Los actos de producción de drogas, estupefacientes y psicotrópicos (cultivo, fabricación, elaboración).
    – Los actos principales de tráfico (venta, permuta), previos como la tenencia y auxiliares como el transporte.
    – Los actos de fomento (de promoción, intermediación, favorecimiento y facilitación); cualquier tipo de propaganda, formulación de ofertas, donación.

    El objeto material del delito son las drogas tóxicas, estupefacientes y psicotrópicas. Los Convenios suscritos por España contienen unas listas de las mismas. Así, por ejemplo, causan grave daño a la salud la morfina, heroína y derivadas; la cocaína, crack, speed-ball; el ácido lisérgico; las anfetaminas; las metanfetaminas; las llamadas drogas de síntesis o diseño, tales como éxtasis, éxtasis líquido. No causan grave daño a la salud los derivados del cáñamo índico, marihuana, hachís y aceite de hachís; y las benzodiacepinas en general como rohipnol, tranxilium, trankimazin.

    El cultivo de las plantas de cannabis sativa cuando tiene por objeto el propio consumo no es típico, según una reiterada jurisprudencia, pero cuando excede de las cantidades señaladas por el Instituto Nacional de Toxicología como propias del consumo normal de una persona, entonces dicha conducta sí es encuadrable en el tipo del art. 368.

    Se plantea el problema de delimitar cuándo una persona posee alguna de las anteriores sustancias para el tráfico o cuándo para el propio consumo. La jurisprudencia, cuando no existan otros actos indicativos del tráfico, ha atendido a la tabla del Instituto Nacional de Toxicología de 18 de octubre de 2001. Esta tabla establece las dosis medias de consumo de las sustancias, señalando el T.S. que un consumidor se suele proveer de sustancia para unos 5 días, por lo que la posesión que exceda de dicha cantidad se presume que está destinada al tráfico ilícito (STS 281/2003).

    La referida tabla del Instituto Nacional de Toxicología establece como dosis medias de consumo:
    Heroína 3 grs.; Cocaína 7,5 grs.; Marihuana 100 grs.; Hachís 25 grs.; LSD 3 mgrs; Anfetamina 900 mgrs.; MDMA 1.440 mgrs.

    El artículo 369 del Código Penal, establece cuales son las circunstancias agravantes:

    1.ª El culpable fuere autoridad, funcionario público, facultativo, trabajador social, docente o educador y obrase en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio

    2.ª (hasta el 22 de diciembre del 2010) El culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que tuviese como finalidad difundir tales sustancias o productos aun de modo ocasional

    3.ª El culpable participare en otras actividades organizadas o cuya ejecución se vea facilitada por la comisión del delito.

    4.ª Los hechos fueren realizados en establecimientos abiertos al público por los responsables o empleados de los mismos.

    5.ª Las sustancias a que se refiere el artículo anterior se faciliten a menores de 18 años, a disminuidos psíquicos o a personas sometidas a tratamiento de deshabituación o rehabilitación.

    6.ª Fuere de notoria importancia la cantidad de las citadas sustancias objeto de las conductas a que se refiere el artículo anterior.

    7.ª Las referidas sustancias se adulteren, manipulen o mezclen entre sí o con otras, incrementando el posible daño a la salud.

    8.ª Las conductas descritas en el artículo anterior tengan lugar en centros docentes, en centros, establecimientos o unidades militares, en establecimientos penitenciarios o en centros de deshabituación o rehabilitación, o en sus proximidad

    9.ª El culpable empleare violencia o exhibiere o hiciese uso de armas para cometer el hecho.

    10.ª (hasta el 22 de diciembre del 2010) El culpable introdujera o sacare ilegalmente las referidas sustancias o productos del territorio nacional, o favoreciese la realización de tales conductas.

    A partir del Pleno de la Sala 2.ª de 19-10-2001, y basándose en un informe del Instituto Nacional de Toxicología de 18-10-2001, se han fijado los límites de tales cantidades a partir de la consideración de que el exceso de 500 dosis supone notoria importancia.

    Detalle de las cantidades consideradas de notoria importancia: Heroína 300 gr.; Morfina 1.000 gr.; Metadona 120 gr.; Cocaína 750 gr.; Marihuana 10 Kg.; Hachís 2,5 Kg.; Aceite de hachís 300 gr.; LSD 300 mg; MDMA (éxtasis) 240 gr.; Anfetaminas 90 gr.

    Existen casos en los que el Tribunal Supremo, atendiendo a la concurrencia de determinadas circunstancias, que hacen presuponer un consumo único por diversas personas en un mismo marco espacio temporal, considera que en dicha actividad hay una ausencia de antijuricidad material por considerarlo un modo de autoconsumo.

    Los requisitos son lo siguientes:

    1.º Los consumidores que se agrupan han de ser adictos (se incluye a los consumidores habituales de fin de semana).

    2.º El proyectado consumo compartido ha de realizarse en lugar cerrado, y ello en evitación de que terceros desconocidos puedan inmiscuirse y ser partícipes en la distribución o consumo.

    3.º La cantidad de droga programada para su consumición ha de ser «insignificante».

    4.º Los consumidores deben ser personas ciertas y determinadas, único medio de poder calibrar su número y sus condiciones personales.

    5.º Ha de tratarse de un consumo «inmediato» de las sustancias adquiridas.

    Esta doctrina debe ser aplicada, como es obvio, restrictivamente, siempre y cuando concurran estrictamente todos los aludidos requisitos.