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El Proceso de Incapacitación

El 13 de diciembre de 2006 fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ratificada por España mediante instrumento de 30 de marzo de 2007. El propósito de dicho Tratado es “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”.

El artículo 49 de la Constitución Española dispone que “los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.

Todo el mundo tiene una noción de lo que quiere decir estar incapacitado. Todo el mundo sabe o intuye que incapacidad quiere decir falta de capacidad, de actitud o de suficiencia para entender o hacer alguna cosa. En el ámbito del derecho tiene un significado muy similar.

En términos jurídicos, toda persona por el simple hecho de ser persona (nacer con vida, artículo 30 del Código Civil) tiene capacidad jurídica, o sea, aptitud para ser sujeto de derechos y deberes.

Pero no toda persona con capacidad jurídica tiene capacidad de obrar, o sea que su actuación tenga plena eficacia jurídica. La Ley, en unos supuestos determinados, considera que la persona que no tiene discernimiento ni voluntad libre para poder actuar de forma consciente tiene que ser protegida, y precisamente, para velar por los derechos de estas personas establece su incapacidad de obrar legalmente, a través del procedimiento de incapacitación (modificación de su capacidad).

Podemos decir, pues, que la incapacitación es la privación de la capacidad de obrar de una persona física, por Sentencia, por causas fijadas en la Ley (O’Callaghan). Y las causas no son otras que las establecidas en el artículo 200 del Código Civil, esto es, enfermedades de carácter físico o psíquico, persistentes en el tiempo, que impidan a la persona gobernarse por sí misma.

Lo que se pretende mediante el proceso de incapacitación es la declaración de que concurren en una persona las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico, que le impiden gobernarse por sí misma (cuidar de su persona y/o de su patrimonio).

Y la finalidad de la declaración judicial de incapacidad es proteger a aquellas personas afectadas por alguna discapacidad psíquica que tienen limitada su capacidad de obrar, y evitar posibles abusos.