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La acción de rescisión por lesión

Recientemente el Gobierno de la Generalitat ha aprobado el proyecto de Ley del Libro VI del Código Civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y contratos. Se regula el contrato de compraventa y permuta, así como la modificación y la incorporación de contratos ya regulados en leyes especiales y en la Compilación del Derecho Civil de Cataluña.

Dentro de los diferentes contratos que regula el Libro VI, la compraventa es el paradigma regulatorio de los contratos de intercambio. La Ley pretende alcanzar una regulación unitaria del contrato, sin establecer textos diferenciados para la compraventa en general y la compraventa de consumo, sin perjuicio de las normas que contiene el Código de Consumo de Cataluña.

Debemos destacar la nueva regulación de la acción de rescisión por lesión, derivado de situaciones de ventaja injusta, con la finalidad de evitar casos claros de abuso, tanto para la compraventa de bienes inmuebles como para de la bienes muebles. Se mantiene el instituto de la rescisión por lesión ultra diminium que ya recogía la Compilación del Derecho Civil de Cataluña en su artículo 321, esto es, la posibilidad de rescindir el contrato de compraventa si el precio estipulado fue inferior a la mitad del justo precio (entendiendo como tal el valor de mercado).

La institución de la rescisión por lesión enorme o ultra diminium tiene una larga historia desde los rescriptos del siglo III atribuidos a los emperadores Dioclesiano y Maximiano, posteriormente recogidos en el Codex de Justiniano, hasta su inserción en el Derecho Civil Catalán compilado. Su origen fue probablemente una medida coyuntural para proteger a pequeños propietarios rurales descapitalizados frente a las presiones de los grandes terratenientes.

Como novedad, el Código Civil de Cataluña amplia los supuestos de rescisión por lesión. Así, además de la rescisión por lesión en más de la mitad del valor, estipula en su artículo 621-45 la posibilidad de rescindir el contrato de compraventa si una de las partes contratantes se encontraba, en el momento de efectuar la compraventa, en una situación de vulnerabilidad económica o de necesidad imperiosa, o era incapaz de prever las consecuencias de sus actos, o mantenía una relación especial de confianza con la otra parte contratante, aprovechándose esta última de dicha situación obteniendo un beneficio excesivo o una ventaja injusta.

Otra novedad respecto a la regulación anterior es la posibilidad de que la parte perjudicada solicite a la autoridad judicial que adopte las condiciones del contrato de acuerdo con la práctica contractual del momento de la compraventa, esto es, mantener la validez del contrato de compraventa pero adaptando el precio de la venta al valor de mercado.

La acción de rescisión caduca en el plazo de cuatro años desde la conclusión del contrato de compraventa.