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Propiedad Temporal y Propiedad Compartida

La Ley 19/2015, de 29 de julio, incorporó en el libro quinto del Código Civil de Cataluña, dos formas novedosas de propiedad, la propiedad temporal y la propiedad compartida.

La vivienda es una necesidad básica de la persona, y los poderes públicos tienen la obligación de responder a dicha necesidad. En Cataluña, cerca del 80 por ciento de las viviendas han sido adquiridas en propiedad, la mayoría de las veces mediante financiación con préstamos hipotecarios, lo que ha generado un endeudamiento de la población excesivo, especialmente en los últimos veinte años. A esta realidad debe añadirse la escasez de vivienda de alquiler y el precio elevado del mismo.

La propiedad temporal y la propiedad compartida pueden ser alternativas más flexibles y adecuadas a las necesidades reales de las personas. El objetivo de la Ley no es otra que dar solución al problema de acceso a la propiedad de la vivienda, mediante estas fórmulas que permite abaratar o disminuir el coste de adquisición de la propiedad. Se trata, en definitiva, de crear un tercer mercado inmobiliario asequible a más personas que permita, por ejemplo, adquirir una vivienda por una cierta suma, pero comprando sólo un porcentaje de la misma y el resto progresivamente y sin endeudarse (propiedad compartida) o bien comprar un piso por los años que se va a necesitar (propiedad temporal).

La propiedad temporal otorga a su titular el dominio de un bien durante un plazo cierto y determinado a cambio de un precio (indudablemente muy inferior al precio de compraventa habitual). Es una figura especialmente interesante para personas mayores y como alternativa a las hipotecas inversas.

La propiedad compartida confiere a uno de los dos titulares, que recibe el nombre de propietario material, una cuota inicial del dominio de la vivienda, así como la posesión, el uso y el disfrute exclusivo de la misma y el derecho de adquirir, de modo gradual, el resto de cuota de propiedad del otro propietario. Así, por ejemplo, se podría adquirir inicialmente un 10 o un 20 por ciento de la propiedad (por el precio correspondiente), lo que daría derecho también a usar y disfrutar de dicho inmueble, y establecer, la compra anual de un 5 por ciento del resto de propiedad, hasta que se adquiriese la totalidad del dominio de la vivienda. Esta sería una figura alternativa a la compra tradicional de vivienda con crédito hipotecario.

Sin duda el objetivo de la introducción de estas figuras jurídicas es aportar soluciones al problema de acceso a la vivienda, flexibilizando las vías de adquisición y ofreciendo alternativas a la compra tradicional, abaratando o minorando el coste económico y adecuándose a las necesidades reales.