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Norma para ayudar a las empresas a prevenir delitos

La reforma del Código Penal, a través de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El fundamento de la imputación de la persona jurídica reside en la conducta delictiva de sus dirigentes o en el incumplimiento de sus obligaciones de control sobre los subordinados.

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, reformó el art. 31 bis del Código Penal impulsando la necesidad de que las empresas cuenten con programas de prevención e incorporando una completa regulación de los modelos de organización o gestión (programas de compliance) cuya observancia permite exonerar la responsabilidad penal de la persona jurídica, bajo determinadas condiciones.

Los programas de organización y gestión o “corporate compliance programs” tienen que promover una verdadera cultura ética empresarial, de cumplimiento de la legalidad en general y, por supuesto, de la legalidad penal pero no solo de ella.

La Fiscalía General del Estado publicó la Circular 1/2016 mediante la cual analizaba la responsabilidad penal de las personas jurídicas y daba instrucciones a los fiscales para valorar la eficacia de los planes de compliance o cumplimiento normativo en las empresas.

Recientemente se ha publicado la norma española UNE 19601 que establece los requisitos para implantar en la empresa un sistema de gestión de compliance penal, cuyo objetivo es prevenir la comisión de delitos y reducir el riesgo penal en las organizaciones. Entre los requisitos, la Norma establece que las organizaciones deben: Identificar, analizar y evaluar los riesgos penales; Disponer de recursos financieros, adecuados y suficientes para conseguir los objetivos del modelo; Usar procedimientos para la puesta en conocimiento de las conductas potencialmente delictivas; Adoptar acciones disciplinarias si se producen incumplimientos de los elementos del sistema de gestión; Supervisar el sistema por parte del órgano de compliance penal; Crear una cultura en la que se integren la política y el sistema de gestión de compliance.

La implementación de un sistema de gestión de compliance penal no conlleva automáticamente la exoneración o atenuación automática de la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero evidentemente constituye un elemento fundamental para acreditar que la empresa actuó de forma diligente antes de la comisión del delito.