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La reclamación de vicios o defectos en la construcción

Uno de los problemas más habituales en la compra de una vivienda de obra nueva es la reclamación de vicios o defectos en la construcción. En la mayoría de las ocasiones es al entrar a vivir cuando los propietarios detectan defectos estéticos o problemas más graves en la vivienda.

Hay diferentes acciones que puede ejercitar el comprador perjudicado ante supuestos o vicios en la construcción. Así, además de las acciones genéricas de nulidad y anulabilidad por inexistencia o vicio en algunos de sus elementos esenciales, la Ley permite ejercitar numerosas acciones: las llamadas acciones edilicias, las de responsabilidad por dolo en el vendedor, la acción de resolución por pleno incumplimiento, la de resarcimiento por el defectuoso o parcial cumplimiento de la obligación y la que nace por vicios o defectos en la construcción.

Hoy analizaremos estas últimas, por ser las más habitualmente usadas en los conflictos entre promotores y compradores de vivienda de obra nueva.

La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) establece en su artículo 17 que el promotor, arquitecto, aparejador y constructor responderán ante una reclamación por defectos de obra, dependiendo de la gravedad de los defectos, en unos determinados plazos.

Así, durante 10 años, responderán de los daños materiales causados en el edificio que afecten a vigas, forjados y demás elementos estructurales que comprometan directamente la resistencia y estabilidad del edificio.

Durante 3 años responderán de los vicios o defectos que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad, funcionalidad y seguridad.

Y durante 1 año, responderán de los defectos de acabados, plazo breve para reclamar respecto a la mayoría de los defectos que nos encontramos en las viviendas de obra nueva.

Estos plazos comienzan en el momento de la entrega de la vivienda, motivo por el cual resulta imprescindible que los compradores procedan a efectuar una revisión de todos los elementos de la vivienda y a reclamar con la mayor brevedad posible los defectos que se detecten.

Es importante tener en cuenta que, en el supuesto de que no se haya podido solucionar amistosamente el desperfecto, el plazo para interponer la demanda judicial es de 2 años.