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La pensión o prestación compensatoria y la compensación económica en la separación o divorcio

La compensación económica por razón de trabajo, regulada en el artículo 232-5 del Codi Civil de Catalunya, tiene lugar cuando uno de los cónyuges ha trabajado para la casa o para el otro cónyuge, sin retribución o siendo ésta insuficiente, y siempre que esta situación comporte una desigualdad entre los patrimonios de ambos que implique a su vez un enriquecimiento injusto.

Para determinar la cuantía de la compensación económica se ha de tener en cuenta la duración y la intensidad de la dedicación, y en caso de haber trabajado para la casa, si ha cuidado de los hijos u otros miembros de la familia que hayan convivido con los cónyuges.

La pensión o prestación compensatoria prevista en el artículo 233-14 del Codi Civil de Catalunya, nace cuando uno de los cónyuges ve perjudicada la situación económica, el nivel de vida o status del que disfrutaba durante el matrimonio y que se produce con el divorcio o separación judicial.

La indemnización compensatoria en manera alguna puede confundirse con la pensión compensatoria que prevé el art. 233-14 del Codi Civil de Catalunya. La primera es un elemento corrector para salvar la desigualdad patrimonial entre los cónyuges que pueda producirse al disolverse el régimen económico matrimonial de separación de bienes por sentencia de separación judicial, nulidad o divorcio, dado que aquel régimen no supone comunicación alguna entre las masas patrimoniales de uno y otro cónyuge. Es en definitiva, una norma de liquidación de bienes en casos de crisis del matrimonio, una institución propia y peculiar del régimen de separación de bienes que rige en Cataluña.

La pensión o prestación compensatoria, en cambio, está regulada en el Capítulo III del Título III del Libro II del Codi Civil de Catalunya, dedicado a “los efectos de la nulidad del matrimonio, del divorcio y de la separación judicial”, y tiene su núcleo en la debilitación económica que puede sufrir uno de los cónyuges a consecuencia de la disolución matrimonial respecto a la situación o status que mantenía constante el matrimonio.

Esta pensión compensatoria puede ser temporal o vitalicia y se regirá, en primer lugar, por lo que pacten los cónyuges en el Convenio Regulador o en los capítulos matrimoniales, si hubiesen. En caso de desacuerdo, será el Juez quien fijará la cuantía y la duración de la prestación compensatoria, valorando la posición económica de los cónyuges, la realización de tareas familiares, edad y estado de salud, los años de convivencia, la fijación de pensión de alimentos a favor de los hijos y los nuevos gastos familiares del cónyuge que resulte obligado al pago de la prestación.


  • La seguridad en el tratamiento de datos de carácter personal

    El pasado 25 de mayo entró en vigor el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGDP), una normativa europea que obliga a empresas, autónomos y asociaciones a adaptarse en materia de recopilación, uso, divulgación, retención y protección de datos de carácter personal.

    El RGDP introduce importantes novedades respecto al régimen actual y establece nuevas obligaciones, siendo éstas más estrictas cuanto mayor sea el riesgo para datos personales.

    Una de las nuevas obligaciones para los encargados del tratamiento de datos de carácter personal es la evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de los datos personales. El Reglamento exige efectuar dicha evaluación y, según el caso, adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos del Reglamento. Dichas medidas a implementar pueden consistir, por ejemplo, el reducir al máximo el tratamiento de datos personales, seudonimizar y cifrar los datos personales, dar transparencia a las funciones y al tratamiento de datos personales, permitir la supervisión del tratamiento de datos a los interesados, etcétera.

    Nuestro despacho profesional, a través de la marca COMandLEGAL, tiene una dilatada experiencia en materia de cumplimiento normativo e implementación de políticas de prevención. Para la completa protección y adaptación al Reglamento de Protección de Datos de carácter personal, hacemos las siguientes funciones:

    1. Análisis de la actividad, inventario y análisis de los datos de la empresa, profesional, autónomo o asociación.
    2. Evaluación de las medidas de seguridad existentes.
    3. Elaboración del registro de actividades de tratamiento.
    4. Realización de un análisis de riesgo.
    5. Medidas de Seguridad a implantar a la luz del análisis de riesgos.
    6. Formularios, contratos, cláusulas (ARCO, outsourcing, etc)
    7. Mecanismos y procedimientos de notificación de las quiebras de seguridad.
    8. En su caso, realización de una evaluación de impacto en la protección de datos.
    9. Elaboración/adaptación de la política de privacidad.