El delito de impago de pensiones alimenticias

El Código Penal, a través del artículo 227.1, recoge el tipo delictivo por impago de las pensiones alimenticias, dentro de los Delitos contra los Derechos y Deberes Familiares, estableciendo que será condenado a penas de prisión o multa quien dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica a favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en Convenio Regulador judicialmente aprobado o Sentencia, en supuestos de separación legal, divorcio, nulidad del matrimonio, proceso de filiación o de alimentos a favor de hijo.

Este delito es uno de los que más ha crecido en las estadísticas judiciales. Sin duda la grave crisis económica ha supuesto un considerable incremento de las denuncias por delito de impago de pensiones de alimentos.

Pero no todo impago de la pensión de alimentos puede ser considerado delito. Deben darse una serie de elementos típicos que definen este delito y que se detallan a continuación:

1º.- La existencia de una resolución judicial o convenio regulador aprobado judicialmente que establezca la obligación de pago de una prestación económica a favor del cónyuge o de los hijos.

2º.- El incumplimiento del pago de la prestación económica durante los plazos específicos que recoge el artículo 227.1 del Código Penal, esto es, durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos.

3º.- La posibilidad del obligado al pago de poder cumplir la misma.

4º.- Que el obligado al pago tenga conocimiento de la resolución judicial y que tenga voluntad de no querer cumplir su obligación de pago pese a tener capacidad para ello.

Respecto a los pagos parciales, o cumplimiento parcial de la obligación de pago, no supone en sí mismo un hecho delictivo, si bien deberá valorarse el supuesto concreto y verificar qué cantidades se ha abonado y la capacidad económica del obligado.

Nos encontramos, pues, ante un delito de los llamados de omisión propio del obligado al pago, constituyendo un delito de abandono de familia. La intención de esta norma jurídica no es otra que evitar el incumplimiento reiterado y voluntario del obligado al pago, adoptando una especial protección a los hijos menores.