Atribución del uso de la vivienda familiar en las crisis matrimoniales

Una de las consecuencias derivadas de un proceso matrimonial de separación o divorcio es la determinación y atribución del uso de la vivienda familiar. Viene regulado en el Código Civil de Cataluña, en los artículos 233-20 a 233-25, e introduce la temporalidad de la atribución del uso por razón de necesidad y otras novedades relevantes.

El Código Civil de Cataluña establece qué criterios deben seguirse por parte del Juzgador para determinar a quién se atribuye el uso de la vivienda familiar. Así, en primer lugar, son los propios cónyuges quienes pueden acordar la atribución de la vivienda.

Para el caso de que no exista acuerdo entre los cónyuges, o bien dicho acuerdo no sea aprobado por el Juzgado, de modo preferente se atribuirá la vivienda familiar a aquel de los cónyuges a quien corresponda la guarda y custodia de los hijos comunes y mientras ésta dure, si bien puede solicitarse la exclusión de la atribución del uso de la vivienda si el cónyuge que ostenta la guarda de los menores tiene medios suficientes para cubrir su necesidad de vivienda.

Por otro lado, el Código Civil regula determinados supuestos en que el Juzgado puede prescindir de la solución anterior y atribuir el uso de la vivienda familiar a aquel de los cónyuges que resulte más necesitado de protección. Así, por ejemplo, cuando los cónyuges no tengan hijos o éstos sean mayores de edad. También en supuestos en los que la guarda de los hijos sea compartida. Incluso aún existiendo hijos menores de edad cuya guarda se atribuye a uno de los cónyuges en exclusividad, se puede atribuir el uso de la vivienda al otro cónyuge si se considera que es el más necesitado de protección y el cónyuge que ostenta la guarda de los hijos menores tiene medios suficientes para cubrir la necesidad de vivienda.

En estos supuestos antes referidos, de atribución del uso de la vivienda por necesidad, la atribución siempre lo será con carácter temporal, susceptible de prórroga si se mantienen las circunstancias que la motivaron.

La atribución del uso de la vivienda familiar, cuando pertenece en todo o en parte al cónyuge no beneficiado, se configura como un criterio de ponderación en relación a la pensión de alimentos a favor de los hijos e incluso de la posible prestación compensatoria a favor del otro cónyuge.

Por último, el cónyuge beneficiario del derecho de uso de la vivienda deberá soportar los gastos ordinarios que se deriven de la conservación, mantenimiento y reparación de la vivienda, incluidos los gastos de comunidad y suministros, así como los tributos y tasas de devengo anual (IBI).


  • Propiedad Temporal y Propiedad Compartida

    La Ley 19/2015, de 29 de julio, incorporó en el libro quinto del Código Civil de Cataluña, dos formas novedosas de propiedad, la propiedad temporal y la propiedad compartida.

    La vivienda es una necesidad básica de la persona, y los poderes públicos tienen la obligación de responder a dicha necesidad. En Cataluña, cerca del 80 por ciento de las viviendas han sido adquiridas en propiedad, la mayoría de las veces mediante financiación con préstamos hipotecarios, lo que ha generado un endeudamiento de la población excesivo, especialmente en los últimos veinte años. A esta realidad debe añadirse la escasez de vivienda de alquiler y el precio elevado del mismo.

    La propiedad temporal y la propiedad compartida pueden ser alternativas más flexibles y adecuadas a las necesidades reales de las personas. El objetivo de la Ley no es otra que dar solución al problema de acceso a la propiedad de la vivienda, mediante estas fórmulas que permite abaratar o disminuir el coste de adquisición de la propiedad. Se trata, en definitiva, de crear un tercer mercado inmobiliario asequible a más personas que permita, por ejemplo, adquirir una vivienda por una cierta suma, pero comprando sólo un porcentaje de la misma y el resto progresivamente y sin endeudarse (propiedad compartida) o bien comprar un piso por los años que se va a necesitar (propiedad temporal).

    La propiedad temporal otorga a su titular el dominio de un bien durante un plazo cierto y determinado a cambio de un precio (indudablemente muy inferior al precio de compraventa habitual). Es una figura especialmente interesante para personas mayores y como alternativa a las hipotecas inversas.

    La propiedad compartida confiere a uno de los dos titulares, que recibe el nombre de propietario material, una cuota inicial del dominio de la vivienda, así como la posesión, el uso y el disfrute exclusivo de la misma y el derecho de adquirir, de modo gradual, el resto de cuota de propiedad del otro propietario. Así, por ejemplo, se podría adquirir inicialmente un 10 o un 20 por ciento de la propiedad (por el precio correspondiente), lo que daría derecho también a usar y disfrutar de dicho inmueble, y establecer, la compra anual de un 5 por ciento del resto de propiedad, hasta que se adquiriese la totalidad del dominio de la vivienda. Esta sería una figura alternativa a la compra tradicional de vivienda con crédito hipotecario.

    Sin duda el objetivo de la introducción de estas figuras jurídicas es aportar soluciones al problema de acceso a la vivienda, flexibilizando las vías de adquisición y ofreciendo alternativas a la compra tradicional, abaratando o minorando el coste económico y adecuándose a las necesidades reales.

     


  • Incapacidad para otorgar testamento

    El testamento puede definirse como un acto de disposición de bienes para después de la muerte, un acto personalísimo y unilateral mediante el cual el testador planifica su sucesión instituyendo quién o quienes serán sus herederos, ordenando legados u otras disposiciones para después de la muerte (nombramiento de albaceas, reconocimiento de hijos no matrimoniales, constitución de derechos de usufructo, uso y habitación, nombramiento de organismo tutelar, etcétera.

    Los menores de 14 años y las personas que han sido declaradas judicialmente incapaces carecen de capacidad para otorgar testamento (salvo que la propia Sentencia de incapacitación diga lo contrario). En situaciones como las anteriores es habitual encontrarnos con familias que tienen hijos incapacitados judicialmente o menores de 14 años y pretenden disponer de los bienes de éstos para después de la muerte.

    Si bien el testamento es un acto unilateral que deriva de la voluntad exclusiva del testador, y por lo tanto un acto personalísimo, el Código Civil de Cataluña mantiene dos instituciones que permiten a terceras personas otorgar testamento en interés de los incapaces para testar. Estas instituciones son las denominadas sustitución pupilar y sustitución ejemplar.

    A través de la sustitución pupilar se facultad a los titulares de la patria potestad para que en nombre e interés del hijo menor de 14 años dispongan por causa de muerte del patrimonio del hijo. Supone, en definitiva, una sustitución en la facultad de testar, puesto que los padres sustituyen al hijo menor de 14 años al otorgar testamento para el supuesto de que fallezca antes de cumplir los 14 años. Existe un solo testamento, toda vez que los padres sólo pueden sustituir al hijo en el mismo testamento que el padre o la madre. Esta sustitución pupilar se extingue cuando el hijo ha cumplido la edad de 14 años.

    La sustitución ejemplar comporta también la sustitución en la facultad de testar que tienen los progenitores y otros ascendientes (abuelos y ulteriores ascendientes) en interés de su hijo/nieto declarado judicialmente incapaz. Como en la sustitución pupilar, existe un solo testamento, en el cual el padre, la madre o el ascendiente dispone para el caso de muerte de su propio patrimonio y del patrimonio de su hijo/nieto incapaz. La sustitución ejemplar se extingue cuando desaparece el estado de incapacidad.

     

     


  • Indemnizaciones por Accidente de Tráfico

    El 1 de enero de 2016 entró en vigor la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Con ella se actualiza el sistema vigente desde 1995, y tiene como objetivo establecer un justo resarcimiento de los perjuicios sufridos por las víctimas y sus familiares como consecuencia de un siniestro de tráfico.

    Son numerosas las novedades que presenta la Ley. Se identifican nuevos perjudicados y nuevos conceptos resarcitorios que no están recogidos en el Baremo de 1995. Se dotan de sustantividad propia las indemnizaciones por daño patrimonial (daño emergente y lucro cesante), y se pone al día, mediante su aumento, el conjunto de indemnizaciones, destacando en particular las que corresponden a los casos de fallecimiento y de grandes lesionados.

    Uno de los aspectos más importantes de la reforma es el tratamiento de los daños patrimoniales, regulando con detalle las partidas resarcitorias en concepto de gastos y racionalizando el cálculo del lucro cesante.

    En caso de muerte, la nueva regulación aumenta la protección de las víctimas, elevando hasta en un 50 % de media la cuantía de la indemnización en caso de fallecimiento, y reconociendo por primera vez como beneficiarios de la indemnización en caso de fallecimiento a los allegados de la víctima, entendiendo por tales aquellas personas que hayan convivido con la víctima durante un mínimo de cinco años y fueran especialmente cercanas en parentesco o afectividad.

    En los supuestos de secuelas se establece que son resarcibles los gastos previsibles de asistencia sanitaria, las prótesis y órtesis así como los gastos por reposiciones necesarias, el perjuicio patrimonial por incremento de costes de movilidad, que incluye el gasto de adecuación del vehículo y las ayudas técnicas o de apoyo, para la adecuación de vivienda.

    Finalmente, en relación con las lesiones temporales, se distingue entre gastos de asistencia sanitaria y otros gastos diversos resarcibles, como gastos de desplazamientos de la víctima o familiares.

    Para garantizar la rápida resolución de los conflictos y la suficiencia de las indemnizaciones ofrecidas por la campaña aseguradora, se impone al asegurador la obligación de observar una conducta diligente en la cuantificación del daño en la oferta motivada que debe presentar a los perjudicados y en la liquidación de indemnización y se abre la posibilidad de la mediación, en caso de desacuerdo, como vía alternativa a la acción judicial.


  • La acción de rescisión por lesión

    Recientemente el Gobierno de la Generalitat ha aprobado el proyecto de Ley del Libro VI del Código Civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y contratos. Se regula el contrato de compraventa y permuta, así como la modificación y la incorporación de contratos ya regulados en leyes especiales y en la Compilación del Derecho Civil de Cataluña.

    Dentro de los diferentes contratos que regula el Libro VI, la compraventa es el paradigma regulatorio de los contratos de intercambio. La Ley pretende alcanzar una regulación unitaria del contrato, sin establecer textos diferenciados para la compraventa en general y la compraventa de consumo, sin perjuicio de las normas que contiene el Código de Consumo de Cataluña.

    Debemos destacar la nueva regulación de la acción de rescisión por lesión, derivado de situaciones de ventaja injusta, con la finalidad de evitar casos claros de abuso, tanto para la compraventa de bienes inmuebles como para de la bienes muebles. Se mantiene el instituto de la rescisión por lesión ultra diminium que ya recogía la Compilación del Derecho Civil de Cataluña en su artículo 321, esto es, la posibilidad de rescindir el contrato de compraventa si el precio estipulado fue inferior a la mitad del justo precio (entendiendo como tal el valor de mercado).

    La institución de la rescisión por lesión enorme o ultra diminium tiene una larga historia desde los rescriptos del siglo III atribuidos a los emperadores Dioclesiano y Maximiano, posteriormente recogidos en el Codex de Justiniano, hasta su inserción en el Derecho Civil Catalán compilado. Su origen fue probablemente una medida coyuntural para proteger a pequeños propietarios rurales descapitalizados frente a las presiones de los grandes terratenientes.

    Como novedad, el Código Civil de Cataluña amplia los supuestos de rescisión por lesión. Así, además de la rescisión por lesión en más de la mitad del valor, estipula en su artículo 621-45 la posibilidad de rescindir el contrato de compraventa si una de las partes contratantes se encontraba, en el momento de efectuar la compraventa, en una situación de vulnerabilidad económica o de necesidad imperiosa, o era incapaz de prever las consecuencias de sus actos, o mantenía una relación especial de confianza con la otra parte contratante, aprovechándose esta última de dicha situación obteniendo un beneficio excesivo o una ventaja injusta.

    Otra novedad respecto a la regulación anterior es la posibilidad de que la parte perjudicada solicite a la autoridad judicial que adopte las condiciones del contrato de acuerdo con la práctica contractual del momento de la compraventa, esto es, mantener la validez del contrato de compraventa pero adaptando el precio de la venta al valor de mercado.

    La acción de rescisión caduca en el plazo de cuatro años desde la conclusión del contrato de compraventa.


  • El Proceso de Incapacitación

    El 13 de diciembre de 2006 fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ratificada por España mediante instrumento de 30 de marzo de 2007. El propósito de dicho Tratado es “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”.

    El artículo 49 de la Constitución Española dispone que “los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.

    Todo el mundo tiene una noción de lo que quiere decir estar incapacitado. Todo el mundo sabe o intuye que incapacidad quiere decir falta de capacidad, de actitud o de suficiencia para entender o hacer alguna cosa. En el ámbito del derecho tiene un significado muy similar.

    En términos jurídicos, toda persona por el simple hecho de ser persona (nacer con vida, artículo 30 del Código Civil) tiene capacidad jurídica, o sea, aptitud para ser sujeto de derechos y deberes.

    Pero no toda persona con capacidad jurídica tiene capacidad de obrar, o sea que su actuación tenga plena eficacia jurídica. La Ley, en unos supuestos determinados, considera que la persona que no tiene discernimiento ni voluntad libre para poder actuar de forma consciente tiene que ser protegida, y precisamente, para velar por los derechos de estas personas establece su incapacidad de obrar legalmente, a través del procedimiento de incapacitación (modificación de su capacidad).

    Podemos decir, pues, que la incapacitación es la privación de la capacidad de obrar de una persona física, por Sentencia, por causas fijadas en la Ley (O’Callaghan). Y las causas no son otras que las establecidas en el artículo 200 del Código Civil, esto es, enfermedades de carácter físico o psíquico, persistentes en el tiempo, que impidan a la persona gobernarse por sí misma.

    Lo que se pretende mediante el proceso de incapacitación es la declaración de que concurren en una persona las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico, que le impiden gobernarse por sí misma (cuidar de su persona y/o de su patrimonio).

    Y la finalidad de la declaración judicial de incapacidad es proteger a aquellas personas afectadas por alguna discapacidad psíquica que tienen limitada su capacidad de obrar, y evitar posibles abusos.


  • Derecho penal Preventivo – los modelos de Compliance

    La reforma del Código Penal, a través de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El fundamento de la imputación de la persona jurídica reside en la conducta delictiva de sus dirigentes o en el incumplimiento de sus obligaciones de control sobre los subordinados.

    Recientemente, la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, reformó el art. 31 bis del Código Penal impulsando la necesidad de que las empresas cuenten con programas de prevención e incorporando una completa regulación de los modelos de organización o gestión (programas de compliance) cuya observancia permite exonerar la responsabilidad penal de la persona jurídica, bajo determinadas condiciones.

    Los programas de organización y gestión o “corporate compliance programs” tienen que promover una verdadera cultura ética empresarial, de cumplimiento de la legalidad en general y, por supuesto, de la legalidad penal pero no solo de ella.

    La Fiscalía General del Estado ha publicado la esperada Circular 1/2016 mediante la cual analiza la responsabilidad penal de las personas jurídicas y da instrucciones a los fiscales para valorar la eficacia de los planes de compliance o cumplimiento normativo en las empresas.

    Según la referida Circular, los programas de organización y gestión deben ser claros, precisos y eficaces, y perfectamente adaptados a la empresa y sus concretos riesgos. Deben servir para identificar y gestionar adecuadamente los riesgos, estableciendo medidas para neutralizarlos. Deben garantizar altos estándares éticos, de manera singular en la contratación y promoción de directivos y en el nombramiento de los órganos de administración. La existencia de unos canales de denuncia es otro de los elementos clave de los modelos de prevención, así como establecer un sistema disciplinario y un sistema de revisión y supervisión del modelo de prevención de delitos delegando dicha función a un órgano específico con poderes autónomos de iniciativa y de control.

    Sin duda vamos hacia la implementación de una verdadera cultura ética corporativa, de cumplimiento normativo, en las empresas. El objeto de introducir modelos de organización y gestión en las empresas no es solo evitar la sanción penal de la empresa sino comprometerse para trasladar una cultura de cumplimiento de la legalidad en la empresa.


  • Guarda y Custodia Compartida

    El Código Civil de Cataluña (CCCat) regula el cuidado de los hijos, la responsabilidad parental, con ocasión de la separación o divorcio. Una de las novedades que presenta dicha regulación, destacada en su propio preámbulo, es que se rechaza como criterio general y hasta hace poco habitual en la práctica, que en supuestos de crisis matrimoniales se acuerde que la guarda y custodia de los hijos se atribuya a uno de los progenitores, correspondiéndole al otro el ya superado y mal llamado régimen de visitas.

    Así, el legislador catalán apuesta claramente por la guarda y custodia que se ha venido denominando compartida. Como se indica en el preámbulo de la norma, la coparentalidad y el mantenimiento de la responsabilidad parental compartida respalda el interés del menor a conservar una relación estable con sus dos progenitores y favorece que ambos progenitores se involucren en los aspectos educativos, afectivos y económicos en igualdad de condiciones.

    El artículo 233-8 del CCCat señala que la nulidad del matrimonio, el divorcio o la separación no alteran las responsabilidades de los progenitores respecto de los hijos y que, por tanto, estas responsabilidades mantienen su carácter compartido y, en la medida que sea posible, deber ejercerse conjuntamente.

     La doctrina que ha elaborado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha precisado que el régimen de guarda compartida se construye a partir de una rotación de períodos de convivencia de los progenitores con los hijos de modo que se produce una asunción de deberes y responsabilidades cotidianas que no pueden ser asumidas en un régimen de “visitas”. Es decir, el elemento esencial para que pueda hablarse de custodia compartida es la convivencia entre los progenitores custodios y los menores, sin que ello suponga un reparto equitativo y absolutamente paritario de estancias con cada uno de los progenitores.

    Para valorar el régimen más adecuado, junto a la propuesta o propuestas del plan de parentalidad elaboradas por los progenitores, el artículo 233-11 CCCat enumera hasta siete criterios o circunstancias que deben ser ponderadas conjuntamente, tales como la vinculación afectiva entre los hijos y cada uno de los progenitores, el tiempo de dedicación a la atención de los hijos, la aptitud y actitud de cada progenitor para garantizar el bienestar de los hijos y colaborar con el otro progenitor, la opinión expresada de los hijos, los acuerdos previos a la crisis matrimonial adoptados por los progenitores, la situación de los domicilios, y los horarios y actividades de los progenitores.


  • La nulidad de las cláusulas suelo

    La Sentencia del la Sala Civil del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 puso fin a un largo debate judicial sobre la validez o nulidad de las cláusulas suelo en préstamos hipotecarios. En la referida Sentencia el Tribunal Supremo se decantó por considerar que la falta de transparencia era determinante para determinar como abusivas las cláusulas suelo.

    El pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo ha vuelto a debatir sobre las denominadas cláusulas «suelo» hipotecarias al estudiar dos recursos de entidades bancarias, uno planteado por el BBVA y otro por Cajasur. En el primer caso, la Sala ha confirmado su propia doctrina que estableció que eran nulas, por abusivas, las cláusulas de ese tipo con falta de transparencia.

    Además, ha matizado que el efecto restitutorio de las cantidades ya abonadas en virtud de cláusulas suelo declaradas nulas por falta de transparencia se producirá desde la fecha de publicación de la sentencia de la propia Sala, de 9 de mayo de 2013, donde se estableció la doctrina sobre abusividad de estas cláusulas, En cuanto al recurso de Cajasur, que pretendía que se rectificara esa doctrina de la Sala sobre nulidad de cláusulas «suelo» por abusivas, el Pleno lo ha desestimado.

    Recientemente, la Audiencia Provincial de Jaén ha condenado a la entidad UNICAJA a devolver lo indebidamente cobrado sin tener como tope la fecha de mayo de 2013, ignorando el límite temporal del Tribunal Supremo. Éste, a su vez, ha suspendido la tramitación del recurso presentado con UNICAJA, a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva una cuestión prejudicial planteada por un Juzgado de lo Mercantil de Granada para conocer si la limitación temporal del Tribunal Supremo se ajusta a la normativa comunitaria.

    La resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría derivar en la obligación de las entidades bancarias de devolver todas las cantidades indebidamente cobradas por aplicación de las cláusulas suelo, desde la fecha de constitución del préstamo hipotecario.


  • Accidente de circulación: días de baja impeditivos y no impeditivos

    Tras sufrir un accidente de circulación, los días de baja pueden clasificarse en días hospitalarios, impeditivos y no impeditivos. Los días de baja hospitalarios son los que la víctima de un accidente de tráfico ha pasado en el centro hospitalario para su curación.

    Resulta más difícil determinar qué se entiende por días de baja impeditivos y días de baja no impeditivos. Así, erróneamente se suele equiparar los días de baja impeditivos con los días de baja laboral. Esta afirmación no es del todo correcta.

    La jurisprudencia muestra dos lineas contrarias al respecto:

    – Por un lado, un criterio extensivo que considera como día impeditivo para sus ocupaciones habituales cualquier día en que el perjudicado no puede acudir a su trabajo habitual como consecuencia de las lesiones que padece.

    – Por otro, un criterio más restrictivo de día impeditivo que requiere, no simplemente estar de baja laboral, sino además tener unas limitaciones físicas significativamente impeditivas, unos padecimientos, dolores y necesidad de auxilio de terceras personas de forma casi constante.

    Aún cuando hay Sentencias de Audiencias Provinciales contradictorias, mientras el Tribunal Supremo no se manifieste de forma expresa, el sentir mayoritario de la jurisprudencia menor viene reflejado, entre otras en las Sentencias de las Audiencias Provinciales de Las Palmas (15.1.2010) y A Coruña (17.2.2012). Según éstas, «es un principio generalmente admitido por las diferentes Audiencias Provinciales de España … que los conceptos de días impeditivos y baja laboral no son sinónimos. El primero de ellos ha de interpretarse en clave de reparación de las consecuencias de un accidente de tráfico en el contexto en que el baremo relativo a los mismos fue introducido y el segundo proviene del ámbito del Derecho Laboral. Así, en ocasiones los dos periodos de baja laboral y días impeditivos podrán coincidir, pero otras veces los días de impedimento superarán a los de baja laboral o viceversa, debiendo estarse a cada caso concreto. Por lo demás indicar que días indemnizables por el concepto de incapacidad temporal son los previos a la estabilización del estado patológico residual ya que con posterioridad a esta estabilización, al margen de que pueda continuar el lesionado en situación de baja laboral, los perjuicios indemnizables han de serlo por la vía de las secuelas …».